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Jesús Dionisio, Francisco Fernández y Diego Martínez en una visita a las obras de Las Olivas (04/02/2009). |
El informe del Tribunal de Cuentas del Estado establece que se requiera al exalcalde Jesús Dionisio, al exdelegado de Deportes y Urbanismo, Francisco Fernández, y al exgerente de la Sociedad Local de Suelo y Vivienda (SAVIA), Diego Martínez, el pago solidario de 148.256,49 euros "que se cargaron indebidamente a las Arcas Municipales y no a la empresa privada que contrataron para la gestión del Polideportivo Las Olivas".
El informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas Regional (CCR) sobre los ejercicios 2010 y 2011 (gobierno del PSOE en el Ayuntamiento) fue hecho público en enero de 2014 y estableció una deuda de 174,23 millones de euros.
Según la alcaldesa, María José Martínez, en el documento "se apuntan ilegalidades por inobservancia" de varias leyes y de lo que "podría deducirse la presunta comisión de algún o algunos de los delitos que se recogen en el Código Penal".
Por ello, el Gobierno Municipal decidió presentar una querella sobre las denuncias contenidas en el informe de la CCR "en defensa de los ribereños y de su dinero indebida e irresponsablemente utilizado". Una acción judicial que contó con los votos en contra del PSOE y las abstenciones de Acipa e IU-Los Verdes y que se hará efectiva en los próximos días.
La Cámara de Cuentas Regional, además, pasó su informe al Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), organismo que ha dictaminado que los hechos en él reflejados reúnen los requisitos "para generar responsabilidad contable por alcance en relación con determinadas irregularidades relativas al contrato de gestión y explotación del complejo Las Olivas".
El TCE observa la existencia de una "presunta responsabilidad contable por alcance como consecuencia de una serie de pagos que se hicieron con cargo a los fondos públicos de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda de gastos de gas, electricidad y agua del complejo deportivo Las Olivas", cuando dichos gastos debería haberlos asumido la empresa adjudicataria, Calidad Deportiva, SL, CADE, según los contratos suscritos.
El Tribunal estima que estos abonos municipales "han producido un perjuicio en los fondos públicos" y que "no debieron hacerse con cargo a los fondos de la Sociedad, ni siquiera con cargo a los fondos del Ayuntamiento, puesto que su pago correspondía según el contrato a la sociedad concesionaria".
La cuantía cifrada por el TCE es de 127.397 euros más 20.859,49 € de intereses de demora a contar desde el 21 de diciembre de 2010, fecha del último pago hasta el día de la práctica de la liquidación. En total, 148.256,49 euros.
Según el TCE, los presuntos responsables en esta gestión son Dionisio, Fernández y Martínez por "el incumplimiento de la obligación de controlar y dar conformidad a los extractos de la cuenta bancaria de la Sociedad donde se hacía los cargos de las facturas de gas y de luz de un edificio cuya titularidad ya no correspondía a la Sociedad y sobre las que, además, se había pactado que el pago de dichas facturas las hiciera la empresa concesionaria, CADE".
El pasado 28 enero el TCE requirió a los citados "para que reintegren, depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, y en el plazo de diez días hábiles el importe provisional del alcance más los intereses, bajo apercibimiento, en caso de no atender este requerimiento, de proceder al embargo de sus bienes". El plazo vence mañana y según la alcaldesa, "no existe posibilidad de recurso que los excuse de esta obligación".
Reclamaciones a CADE
Martínez ha admitido que todos requerimientos financieros a CADE han sido infructuosos "ya que la empresa se ha negado a su devolución".
La alcaldesa ha recordado que el Consejo de Administración de SAVIA propuso reclamar judicialmente las cantidades adeudadas -con el voto en contra del PSOE- y se ha preguntado "¿qué hizo CADE con el dinero que se ahorró? ¿Lo ingresó en sus cuentas en concepto de beneficio de sus actividades? ¿Lo repartió? Y si lo repartió: ¿entre quiénes? Habrá que saber a dónde fue a parar finalmente ese dinero que pertenecía a los ribereños".
"Cabría hacerse otras preguntas: ¿Lo que es una evidencia de irresponsabilidad y de mala gestión del dinero público, presuntamente podría convertirse en un caso de corrupción? En el contrato de gestión y explotación privada de las instalaciones de Las Olivas hay muchos aspectos extraños que precisan aclaración", ha concluido la alcaldesa.
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5 comentarios :
Javier Mora Rodríguez dijo: Nada más que chorizos por todos lados
Antonio Moreno Cortecero dijo: Este es quién decía no mantenía una escuela cuando los alumnos eran d fuera,ainssssss el noblejano!!!!!
Santiago Montes Romero dijo: Tela marinera este pueblo actualmente no ha tenido suerte
Jose Luis Rodriguez Uceda dijo: Que lo devuelva y luego a la carcel,esa cantidad ya es un delito,a si que AL TALEGO
Montse García Montalvo dijo: No se han quedo con dinero, ni los han embargado ni mucho menos menos condenado por nada. La Alcaldesa miente poque la conviene electoralmente ensuciar el nombre del PSOE. Lo siento por todos los que esperáis una condena de Jesus Dionisio, pero a día dw hoy , el unico corrupto en Aranjuez con sentencia firme es el ex Alcade del PP
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