Acipa pide que se sancione con 5.000 € al empresario Lozano

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Pablo Lozano en los corrales de la
plaza de Aranjuez.

El Grupo Municipal de Acipa presentará en el próximo Pleno de la Corporación una propuesta para que el Ayuntamiento multe con 5.000 euros a la empresa concesionaria de la plaza de toros de Aranjuez por incumplimiento de contrato.

Acipa pedirá que la empresa Toros y Espectáculos de la Ribera, con Pablo Lozano a la cabeza, sea sancionada con 5.000 euros de multa "por la falta muy grave que ha cometido al dejar por segundo año sin corrida de toros a los ribereños aficionados en las Fiestas del Motín".

La propuesta se basa en el incumplimiento de contrato de gestión de la plaza que establece que para las Fiestas del Motín sea obligatoria una corrida de toros -que en último término debería ser goyesca acorde a la calificación nacional / internacional de las Fiestas- y dos días de suelta de vaquilla en el coso.

El mismo pliego de condiciones reza que será falta grave la no celebración de este tipo de festejo y falta muy grave la no programación de dos o más espectáculos previstos en la concesión, como ha ocurrido con los festejos del Motín 2013 y 2014 y la suspensión de la suelta de vaquillas desde hace varias ferias.

La portavoz de Acipa, Pilar Quintana, asegura que si bien la Junta de Gobierno Local sancionó siete meses después a la empresa con 1.500 euros por la anterior falta, "el pliego determina que es una falta grave que debe ser sancionada de 1.000 a 3.000 euros, así que el Gobierno Municipal optó porque a la empresa le fuera menos gravoso de lo que podía haber sido".

Quintana manifiesta que "queda patente la falta de gestión de la delegada de Asuntos Taurinos, Mercedes Rico, y la poca consideración que tiene la empresa con el Gobierno Municipal, que ha vuelto a programar una novillada, por lo que si es la segunda vez ya es una falta muy grave y la multa tiene que ser ejemplarizante, de 3.000 a 5.000 euros".

Por su parte, Mercedes Rico ya anunció el pasado mes de agosto que se multará a Lozano: "es nuestra obligación velar por los intereses generales y hacer cumplir el contrato, por lo que el Ayuntamiento va a sancionar a la concesionaria según marcan las condiciones del contrato, tal y como se hizo ya el pasado mes de septiembre".

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