Esta nueva normativa busca incorporar los aspectos más actuales de ambas prácticas y mantener el equilibrio de los ecosistemas regionales.
El plazo de consulta pública se extenderá durante 15 días hábiles a partir de su publicación.
Con este cambio se dotará a la Comunidad de Madrid de legislación propia, ya que actualmente rigen las estatales: la Ley 1/1970 de caza y su reglamento de 1971, así como legislación anterior para la actividad piscícola fluvial y su reglamentación.
Entre las novedades se incluyen la mejora del régimen sancionador y las cuantías aplicables; la simplificación de los procedimientos administrativos, la actualización de las figuras legales y tipos de acotados en los terrenos; el refuerzo de la figura de los gestores cinegéticos y su implicación en la conservación, imprescindible para proteger la flora y las especies silvestres; o la revisión del sector piscícola, que ha pasado a estar más vinculado al deporte y el ocio, cobrando más importancia la modalidad de captura y suelta.
Destaca el objetivo de gestionar adecuadamente la caza, la mejor herramienta para respetar el equilibrio natural de algunas especies de fauna, especialmente en las situaciones de aumento desproporcionado. Esta sobreabundancia ocasiona perjuicios dañando los cultivos o transmitiendo enfermedades al ganado
y tiene consecuencias sociales, al provocar accidentes de tráfico o acercarse a núcleos urbanos, como ocurre con el jabalí o el conejo.
Esta nueva Ley de Caza y Pesca incluirá en su articulado el reconocimiento de la cetrería como arte de caza, blindando así esta actividad recientemente declarada en la región Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial.
90.000 licencias de caza y pesca
La comunidad autónoma cuenta con 576.000 hectáreas de terrenos cinegéticos que suponen el 69% de la superficie, convenientemente señalados para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y cuenta con más de 44.000 licencias activas.
En cuanto a la pesca, en la actualidad hay cerca de 46.000 licencias en vigor para este ámbito y 24 tramos fluviales regulados, que suman cerca de 130 kilómetros para esta práctica. A ellos se añaden las aguas libres, que se extienden por la mayor parte del territorio autonómico fuera de la zona truchera.
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