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| La piscina de Las Olivas sin cubierta. |
La medida permitirá abonar las facturas a cargo o bien del presupuesto prorrogado de 2015 o del nuevo de 2016.
La propuesta del delegado de Hacienda, Carlos Róspide, contó con los votos a favor del Gobierno, IN-PAR, Acipa y Aranjuez Ahora, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Róspide justificó que el compromiso de pago es el de liquidar estas facturas en 2015 y el resto en 2016. «La modificación presupuestaria aprobada en octubre incluía estas facturas pero recibió las alegaciones en contra de la empresa INCOCASA -a la que el Ayuntamiento debe 9 millones de euros- en las que se arroga prelación de cobro y por eso no había podido hacerse hasta ahora», explicó Róspide.
Toda la oposición exigió que se depuren responsabilidades para conocer quién debe asumir el coste de la rehabiltación (unos 150.00 euros), apuntando bien a la gestora del complejo, CADE, o a de quien surgió el proyecto, Savia.
El portavoz de IN-PAR, Juan Carlos Ramírez, dijo que es «nuestra responsabilidad sacar el dinero debajo de las piedras» y su homónimo en Acipa, Jesús Blasco, habló de que «los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de esa piscina y de que se gestione bien su dinero».
Róspide se comprometió a «tomar las medidas necesarias para conocer quién debe pagar».
Asimismo, todos los grupos echaron en cara al Gobierno el que no hubiera recurrido las alegaciones de INCOCASA.
«No es excusa decir que la resolución sería favorable a la empresa para no haber recurrido», expresó la portavoz de AA, Eva Abril.
La concejala del PP Mabel Pantoja criticó la gestión del Gobierno sobre este asunto: «ni contestaron las alegaciones ni publicaron la modificación de crédito por lo que quedó en vía muerta y hoy tenemos este problema».
El delegado de Hacienda expresó que no se recurrió por consejo de la Intervención Municipal.
También hubo lugar al cruce de acusaciones entre AA, PSOE y PP sobre quién debería haber cubierto con un seguro la instalación.
El portavoz de Ciudadanos, Daniel Baquero, justificó la abstención porque dijo no saber «de dónde se van a detraer estos 31.800 euros». Róspide dijo que la partida será de obras.
Todos los grupos incidieron en la responsabilidad de dar salida a una situación en la que se ven afectados la empresa constructora, los ciudadanos sin servicio y los nueve empleados de CADE sometidos a un ERTE.
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