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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes -Aranjuez, según los datos disponibles tiene 60.332- deberán disponer de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023.
Así lo establece la Ley 7/2021, de 20 de mayo, que abarca la normativa nueva sobre Cambio Climático y Transición Energética, que especifica que estas ciudades "adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad".
Esas ZBE tendrán "restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente", esa que determina las populares pegatinas de la DGT que lucen los coches en sus parabrisas.
Para ello, los Ayuntamientos decidirán cómo se aplican estas restricciones de acuerdo a esas pegatinas o distintivos medioambientales (A -sin pegatina-, B, C, Eco y Cero).
Ante esta próxima situación, el colectivo local PaPedalear y la organización ConBici ya enviaron al Ayuntamiento en agosto pasado una carta explicando lo que se avecina y en apoyo de la implantación en Aranjuez de una Red Integral Ciclista que además de adaptarse a la futura ZEB podría beneficiarse de la llegada de distintos fondos europeos. El aviso cayó en saco roto.
En octubre ambas entidades volvieron a insistir al Consistorio de la necesidad de cumplir la Ley, primero, y de la oportunidad de acogerse a las ayudas europeas, después. Por fin, en noviembre, el Pleno de la Corporación aprobó poner en marcha la Red Integral Ciclista aunque un mes después de nuevo se le diera un toque de atención a la Institución Municipal para que no se duerma en los laureles y lleguen las sanciones.
En la actualidad y entre las capitales, Madrid, Barcelona y Sevilla tienen esas Zonas de Bajas Emisiones ya en pleno desarrollo, cada una con sus normas específicas, mientras que otros dos municipios, Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y Sant Cugat del Vallés (Barcelona) también disponen de las suyas.
En la provincia de Madrid serán 22 localidades con más de 50.000 habitantes las que deberán implementarlas.
Y aunque la nueva Ley de Tráfico incluye las sanciones por circular indebidamente por las ZEB, hasta 200 euros, los Ayuntamientos tienen la potestad de establecer en sus Ordenanzas la cuantía de las multas.
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